Chetumal, 28 de
septiembre.- Las comparecencias públicas,
realizadas por la XV Legislatura a los funcionarios salientes de la
administración estatal, dejaron en evidencia su actuación y la opacidad con la
cual se manejaban los recursos, por lo que en Acción Nacional, seguiremos
comprometidos con la transparencia y rendición de cuentas para que estas
prácticas sean erradicadas, declaró Juan Carlos Pallares Bueno, Presidente
Estatal del PAN en Quintana Roo, al finalizar la comparecencia del titular de
VIP Saesa en el Congreso Estatal.
Explicó que, con
respecto de estos ejercicios de transparencia, ha sido positiva la percepción
de los ciudadanos, quienes también pudieron ser participes de las
comparecencias a través de las redes sociales a través de sus diputados. Sin
embargo, los funcionarios estatales salientes quedaron a deber a los ciudadanos.
En el caso de Juan
Pablo Guillermo Molina, titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación,
durante su comparecencia aseguró que la deuda pública que entregará la administración
de Roberto Borge es de 19 mil 197 millones de pesos más 574 millones de pesos
en deuda con proveedores, declaró que el estado “no está quebrado” y que la
deuda es “moderada y manejable”, aún cuando se le considera la segunda deuda
más grande del País.
Los Diputados
lamentaron que en el caso del Fiscal General del Estado, Carlos Arturo Álvarez
Escalera, se pusieran en riesgo de perder más de 70 millones de pesos del Fondo
de Aportaciones para la Seguridad Pública, porque este no ha hecho los nombramientos
para integrar el órgano interno de control, a pesar de que está en sus
atribuciones.
En La Secretaría
de Salud Estatal, su titular Juan Lorenzo Ortegón, intentó explicar las
deficiencias en la infraestructura y servicios de salud, señalando que el 60%
del presupuesto anual se destina a nómina, lo que a su parecer hace difícil
mejorar la atención a la población. Deja grandes pendientes como los hospitales
de Nicolás Bravo, Carrillo Puerto y Cancún.
El encargado del
despacho de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Pedro Pablo Torres
Tejero, no pudo explicar porqué no se han iniciado investigaciones ante las
diversas denuncias publicas sobre actos de corrupción en las Juntas de
Conciliación y Arbitraje, y se limitó a señalar que únicamente tienen
responsabilidad administrativa con las juntas, aún cuando es el titular de esta
secretaría quien esta al frente de estos órganos.
La directora
del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública
(IPAE), Claudia Romanillos Villanueva, fue cuestionada por la opacidad en la
venta de terrenos del patrimonio estatal, y no pudo explicar el porque se
habían vendido terrenos a precios tan bajos como $65 pesos por metro cuadrado,
la funcionaria no pudo entregar mucha de la información que los diputados le
solicitaron.
El titular de la
Secretaria de Infraestructura y Transporte (Sintra) Fernando Escamilla
Carrillo, reconoció que no hay obras significativas ni de mayor importancia en
la administración borgista saliente, el funcionario enlistó varias obras como
propias, cuando en realidad se trataban de infraestructura de la iniciativa
privada u obra federal, evitó hablar en detalle de obras como el polémico
Auditorio del Bienestar o los domos deportivos que costaron el doble del
presupuesto de otros Estados del país, además de que reconoció que hay un
monopolio conformado por los 17 sindicados de taxistas en el Estado, y que esta
administración saliente y el propio exgobernador solaparon.
El director
general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Gustavo
Guerrero Ortiz, tampoco pudo explicar el destino de los 1,055 millones de pesos
que ingresó CAPA por la ampliación de la concesión de Aguakan, y tampoco pudo
dar información sobre como se invirtieron 506 millones de pesos que recibió
CAPA a finales de 2015, en ambos casos, dijo, fueron ingresados a cuentas de la
SEFIPLAN, sin embargo, nunca se supo en qué se invirtió ese dinero.
El Director
General de Vip Saesa, Carlos Alberto Acosta, reveló que tenia un contrato con
la empresa “Taxi Aéreo Villa Rica” por 150 horas, por un costo anual de 162
millones de pesos, además de que también se rentaba un helicóptero por 25 horas
mensuales, con un costo anual de 19 millones y medio de pesos, esto para uso
personal del exgobernador Roberto Borge; sin contar con la flotilla de cuatro
aviones que operaba directamente su dependencia, que eran usados por
funcionarios estatales y familiares, aunque el funcionario no entró en detalles
puesto que no entregó las bitácoras de las aeronaves.
“Los ciudadanos ya
están cansados de cifras alegres, exigen cuentas claras y transparencia en la
función pública, sabemos que la administración saliente ha dejado muchos
pendientes, sin embargo, los funcionarios de Acción Nacional cuentan con la
experiencia y están listos para hacerle frente a estos retos, y sobre todo, a
dar la cara por los ciudadanos, que esperan un verdadero cambio, y con estas
acciones lo estamos demostrando”, finalizó Pallares Bueno.
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