Recibe Diputación
Permanente
iniciativas del
Poder Ejecutivo
Fueron turnadas a la
Comisión de Justicia de la XIII Legislatura para su estudio, análisis y
posterior dictamen
CHETUMAL.- La Diputación Permanente del Congreso del
Estado dio entrada a una iniciativa de reformas al Código de Procedimientos
Civiles de Quintana Roo y a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que busca
agilizar y brindar celeridad a las etapas procesales de la materia civil
familiar con la implementación de los juicios orales en este rubro.
Además, la Permanente dio entrada a una iniciativa de
reformas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que busca
establecer mecanismos de evaluación, vigilancia y disciplina para los jueces y
magistrados del Poder Judicial. También se busca que la ratificación de los
funcionarios judiciales se apegue más a méritos profesionales y académicos, y
no de manera automática o tácita.
Se trata de tres iniciativas promovidas por el titular
del Poder Ejecutivo estatal, que ya han sido turnadas a la Comisión de Justicia
de la XIII Legislatura para su estudio, análisis y posterior dictamen.
La sesión número cinco de la Diputación Permanente estuvo
presidida por el diputado Luis Torres Llanes, y asistieron la diputada
Jacqueline Estrada Peña, así como los diputados Manuel Aguilar Ortega, Manuel
Tzab Castro, José de la Peña Ruiz de Chávez, Baltazar Tuyub Castillo y José
Alfredo Contreras Méndez.
De acuerdo con el texto de la iniciativa de reformas al
Código de Procedimientos Civiles, es necesario un cambio en la manera de
impartir justicia y en la forma que funcionan sus operadores, así como
modificar procesos, valores y pautas de desempeño.
En su exposición de motivos, el Ejecutivo estatal
considera la reforma como oportuna y necesaria para materializar el derecho
constitucional de acceso a la justicia en materia de oralidad civil familiar.
Para ello, se propone modificar la forma de operar los
procedimientos civiles en el ramo familiar, con la contemplación en el Código
de Procedimientos Civiles, de las figuras de un “Juez de instrucción”, que se
haría cargo de la fase preparatoria a las audiencias inicial y de juicio, entre
otras.
Otra de las figuras a crearse es la de “Juez Oral”, a
quien corresponderá exclusivamente presidir la audiencia inicial y la de
juicio, para acelerar los procesos de decisión, y en consecuencia, terminar con
la carga de expedientes que atiende actualmente el juez de lo familiar.
La reforma también prevé la creación de las figuras
“Administrador de Gestión Judicial del juzgado oral” y el “Encargado de Sala”,
que coadyuvarán para hacer más funcional, dinámica y eficiente la estructura
orgánica de los juzgados orales familiares.
En lo que respecta a la reforma de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, tiene como finalidad priorizar el
objetivo de la carrera judicial, como el de contar con la mejor calidad
profesional de los juzgadores.
Propone homologar el criterio que establece la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que los jueces no
sean sujetos de un juicio político, sino únicamente bajo las reglas
establecidas para los procedimientos que son competencias del Consejo de la
Judicatura.
Para ello, en los procedimientos de selección de los
jueces, se tomará en cuenta los méritos de quienes aspiren a esos cargos,
mismos que se determinarán de manera objetiva y transparente.
La propuesta de reformas a la Ley busca establecer
parámetros para evaluar el desempeño de los funcionarios judiciales tales como:
desempeño ante la carga de trabajo, preparación académica, su contribución para
con la comunidad jurídica, y finalmente su desempeño profesional en el servicio
judicial.
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