El Vigilante Diario

Confirma la Suprema Corte

 Ley de Entrega y Recepción

Fue dictada por el Congreso del Estado y con ello declara infundada la controversia constitucional que promovió en 2010 el ayuntamiento de Benito Juárez. La intención del Congreso y del Gobierno del Estado ha sido la de garantizar por todos los medios posibles los derechos públicos de los ciudadanos y el manejo legal y transparente de sus recursos públicos, afirma Raúl Labastida Mendoza, titular de la Consejería Jurídica

CHETUMAL.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó, por considerarla infundada, la controversia constitucional que promovió en 2010 el ayuntamiento de Benito Juárez contra la Ley de Entrega y Recepción, con el argumento de que es invasora de la autonomía municipal y considerar que las facultades de supervisión del Estado se limitan a la de periodos anuales.
La Suprema Corte resolvió en días pasados desestimar por infundada la controversia, y al mismo tiempo, reconoció la validez de la Ley de Entrega y Recepción de los Recursos Asignados a los Servidores Públicos de la Administración Pública y de los Ayuntamientos del Estado de Quintana Roo.
Raúl Labastida Mendoza, titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, señaló que la intención del Congreso y del Gobierno del Estado ha sido la de garantizar por todos los medios posibles los derechos públicos de los ciudadanos y el manejo legal y transparente de sus recursos públicos.

“A esas intenciones obedece la promulgación de la ley hoy validada por la Corte, como también la promoción del juicio político recientemente instaurado por ilegales manejos de fondos municipales, que más que patrimonio de la autoridad son patrimonio ciudadano”, indicó.

El funcionario dijo que generar una cultura de la legalidad en el delicado tema de los recursos públicos es importante, tanto para salvaguardar los derechos fundamentales de los quintanarroenses como para poner prevenir la impunidad y la corrupción.
El gobierno y el Congreso del Estado han desplegado constante y ardua tarea en la defensa de los derechos públicos, tanto del Estado como de los ciudadanos, sobre todo en materia del patrimonio común, añadió.

Luego de señalar que la Consejería Jurídica del Estado tiene una importante tarea en esos temas, manifestó que promover la cultura de la legalidad en la vida colectiva ha sido una exitosa estrategia en Quintana Roo.