Esperan recursos
para medio ambiente
La recien creada Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del Estado apenas se va conformando y comenzando a trabajar
Por Jorge Carrillo Beltrán
CHETUMAL.- La Procuraduría de Protección al Ambiente de Quintana Roo, creada el pasado 16 de marzo del 2011, a unos días de concluir la pasada administración gubernamental, trabaja a marchas forzadas para cumplir con sus objetivos pues hasta el momento no cuenta con recursos para operar.
Marco Antonio Ramírez Campos, director de Auditoria y Certificación Ambiental de la Procuraduría de Protección al Ambiente de Quintana Roo comentó en entrevista que al momento se encuentran haciendo el programa anual de inspección y vigilancia para este año.
Recordó que fue apenas el 15 de noviembre del año que acaba de concluir cuando se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el reglamento que le otorga a la Procuraduría la facultad de realizar su trabajo, “de otra manera cualquier actuación se vendría abajo legalmente hablando”.
“Estamos esperando que se nos libere una parte de los recursos para iniciar con las labores de inspección, no tenemos vehículos, pero aun así hemos estado emitiendo recomendaciones a las empresas con base en sus autorizaciones en materia de impacto ambiental, hemos estado checando los inicios de obra, todo lo que se pueda hacer sin recursos”, comentó.
Aun en estas condiciones, dijo el entrevistado, tenemos ya 24 órdenes de inspección a proyectos prioritarios para el estado y se iniciarán a más tardar el 17 de enero en toda la geografía estatal.
Por otra parte, indicó que de octubre a la fecha han recibido 5 denuncias por parte de ciudadanos, pero aclaró que cada nivel tiene su competencia y lo más común es que se hable de depredación de mangle: “obviamente nosotros como procuraduría estatal tenemos la función de turnar esas denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ya que el mangle está considerado como una especie dentro de la norma 059 y nosotros lo único que podemos hacer es turnar esa denuncia, darle seguimiento y tratar de que se resuelva”.
En este sentido preciso que de las 5 denuncias recibidas 3 eran de competencia federal y dos se declararon inexistentes ya que al verificarlas se dio fe de que no se estaba presentando ninguna irregularidad.
Ramírez Campos añadió que a las obras que no cuenten con autorización en materia de impacto ambiental se les inicia un procedimiento administrativo de ejecución y son los peritos ambientales que con base en las actas de inspección de campo levantadas por los inspectores, quienes evalúan el daño para establecer sanciones económicas o administrativas.
Precisó que su campo de acción son las vías de comunicación estatales, caminos rurales, obra pública, procesadoras de alimentos, corredores industriales, bancos de materiales pétreos, fraccionamientos y unidades habitacionales, hoteles y restaurantes que no estén dentro de la zona federal marítimo terrestre, hospitales y establecimientos donde se realicen actividades riesgosas.
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